Tras muchas declaraciones por parte de Benito Osorio, ex gobernador de Córdoba y ex gerente del Fondo Ganadero de Córdoba, pues sus aportes a la verdad son satisfactorios para la Jurisdicción Especial de Paz y por ello se ordenó la libertad condicional de político condenado por sus vínculos con el paramilitarismo.
Según la JEP, Benito Osorio fue crucial en el esclarecimiento de varios de los capítulos del despojo en el Urabá Antioqueño y el Bajo Atrato Chocoano, como es el caso de los territorios colectivos de comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó, este último que todavía no ha sido devuelto efectivamente a sus legítimos dueños.
Los mecanismos del despojo en el Chocó y Antioquia
Según los testimonios de Osorio entregados a la JEP y que alimentarán el caso que esa jurisdicción investiga, con la complicidad del Fondo Ganadero de Córdoba se formalizó el despojo de tierras por varias vías y mecanismos diferentes, en algunos casos las FFMM y los Paramilitares de las ACCU y las AUC, notarios y otros funcionarios públicos.
Un primer mecanismo tenía que ver con la venta de tierras de manera forzada, pues los integrantes de las comunidades negras cedían a las pretensiones empresariales mediante las amenazas que eran proferidas por representantes de los paramilitares, que advertían que si no se daba la venta tendrían que abandonar la región o serían asesinados.
“…despojo que se logró mediante el mecanismo de ventas forzadas, o a precios irrisorios, o mediante la venta de derechos posesorios, y con el concurso de diversos integrantes de la población civil y servidores públicos, quienes actuaron en consuno para consolidar el proyecto paramilitar político, territorial y económico”
Expediente de la JEP
Otro de los mecanismos utilizados fue el del desplazamiento forzado que se consumó a partir de acciones militares de las Autodefensas en complicidad con las FFMM. En algunos de estos eventos se presentaron desplazamientos forzados de grandes cantidades de población hacia los cascos urbanos de Pavarandó, en el caso del Bajo Atrato y otros hacia las zonas selváticas en las que se refugiaron algunas de las víctimas.
Por estos hechos fueron condenados en 2014, 16 empresarios, comisionistas y terratenientes, contra los cuales la Comisión de Justicia y Paz, logró demostrar su participación directa en el desplazamiento forzado y la destrucción de recursos naturales, dado que muchas de las zonas usurpadas luego fueron destruidas y drenadas para la siembra extensiva de Palma Aceitera.
El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín condenó a un total de 16 personas, entre ellos empresarios, paramilitares y comisionistas de tierras, por su responsabilidad en el desplazamiento forzado, en los daños ambientales causados en Curvaradó y Jiguamiandó y en la implementación de megaproyectos productivos relacionados principalmente con la palma aceitera y la ganadería extensiva.
El juzgado decidió condenar a 12 de ellos a la pena de diez (10) años de prisión y multa de dos mil seiscientos cincuenta (2.650) salarios mínimos legales mensuales vigentes. A la pena principal de nueve (9) años de prisión y multa de dos mil seiscientos (2.600) salarios mínimos legales mensuales vigentes fueron condenados dos de los imputados. Otros dos más fueron condenados a la pena principal de siete (7) años de prisión y multa de dos mil cincuenta (2.050) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La sentencia judicial da cuenta además de la responsabilidad que le recae a la Fuerza Pública por su actuar mancomunado con los grupos paramilitares en el desplazamiento forzado de las comunidades ancestrales.
A lo largo del proceso las víctimas, los testigos y los declarantes dieron cuenta de homicidios, desalojos forzados y masacres cometidas en la región por grupos paramilitares y la Fuerza Pública. Ellos se refirieron también a las razones por las cuales un gran número de habitantes de territorios colectivos se han visto obligados al desplazamiento forzado. Ellos describieron que la apropiación violenta y el control son actos motivados por intereses económicos y militares, esto debido a que el sector constituye un corredor estratégico para la concreción de negociaciones ilícitas y la obtención de recursos financieros.
Comisión de Justicia y Paz
Una de las pizas claves de este entramado de despojo que ya está en la JEP, es la señora Sor Teresa Gómez, integrante de la familia Castaño, quién fungió como destinataria de muchas de las fincas despojadas a través de la fundación FUNPAZCOR, que tenía uno de sus centros de operaciones en la comunidad de Caño Manso, en territorio Colectivo del Curvaradó.
“Sor Teresa Gómez Álvarez, de manera arbitraria y mediante actos coactivos, despojó de tierras a varias personas que residían en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, generando que perdieran el desarraigo (sic) en cuanto, debieron migrar fuera de sus territorios, situación que a hoy se mantiene. (Todo esto) con el propósito de cultivar palma de aceite en los territorios colectivos de las comunidades negras”
Comisión de Justicia y Paz
Por aportar en el esclarecimiento de estos hechos la JEP decidió otorgar libertad condicional a Osorio, bajo el argumento de que su compromiso con la verdad se hizo evidente.
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