A pesar de las múltiples críticas contra el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, por las diversas formas en que penaliza la protesta social y puede criminalizar el trabajo de los defensores de DDHH, así como otorga incentivos sin condiciones a la fuerza pública, el congreso aprobaría a pupitrazo esta ley en medio de las sesiones extraordinarias que van hasta el 23 de Diciembre.
Como ya lo había advertido este medio, el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana está lejos de ser la reforma que necesita la Fuerza Pública para incentivar el respeto de los Derechos Humanos y evitar las arbitrariedades de la policía, por el contrario, endurece las normas contra quienes se manifiesten y restringe la libertad para las personas que sean acusadas por la policía de manera expresa. De esta reforma algunos congresistas identifican tres puntos críticos.
«Legítima defensa» un problema de seguridad que en lugar de resolverse se flexibiliza
Para el Senador Iván Cepeda, uno de los principales problemas de la Ley de Seguridad Ciudadana es que flexibiliza el concepto de legitima defensa, e incentiva la posibilidad de que los ciudadanos accedan a las armas sin que sobre ello medien los controles necesarios.
Esta preocupación es creciente, dado que en el Paro Nacional y durante la protesta en general, se ha podido observar el uso de las armas por parte de civiles que han argumentado la legítima defensa, lo que otros han llamado el «Paramilitarismo urbano», un accionar entre los que se destaca, Andrés Escobar, quien no ha sido judicializado por los delitos que la fiscalía e imputó y por los que podría mantener su libertad.
Por otro lado, esta ley endurece y amplia las facultades de la Fuerza Pública para calificar como delito la acción de los equipos de Derechos Humanos que hacen presencia en las manifestaciones, pues incluye el delito de obstrucción de la función pública da una pena de cárcel para los ataques a servidores públicos.
Penaliza con cárcel la labor de los defensores de DDHH al incluir nuevos delitos
Sobre este punto, para nadie es un secreto que una de las formas de operar de la Policía es castigar a cualquier persona que esté a su alcance y sobre ello buscar una rápida judicialización que genere miedo para salir a protestar. Este punto preocupa dada la arbitrariedad notoria para endilgar delitos a las personas en medio de las protestas.
Por último, en lugar de endurecer los castigo en contra de los integrantes de las Fuerzas de Seguridad, lo que pretende esta ley es generar incentivos a favor de la policía, como pasajes gratis, becas universitarias y otra serie de dádivas que nada aportan al mejoramiento del comportamiento de los integrantes de ejército o policía, pues no incluyen restricciones para quienes estén incursos en demandas o acusaciones por violaciones de DDHH.
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