Además de la responsabilidad que se le ha endilgado a este ex militar por la desaparición de las víctimas del Palacio de Justicia, el General Iván Ramírez Quintero también tiene varias respuestas que dar ante la JEP y el país por su desempeño como comandante de la Brigada 20 y la comisión de muchos crímenes relacionados con el genocidio de la Unión Patriótica.
La diligencia se realizará de manera presencial en la JEP entre el 21 y el 22 de Diciembre y se escuchará en versión voluntaria, luego de una fallida audiencia en el mes de Marzo.
Sobre este caso hay que recordar que en el mes de Enero, el periodista Alberto Donadio, reveló que el presidente de la época, Virgilio Barco, sabía del plan para el exterminio de la Unión Patriótica, o incluso lo había autorizado luego de escuchar las recomendaciones del mercenario israelí Rafi Eitan, quien aseguraba que era necesario eliminar a los integrantes de ese partido político.
Según lo revelado en su momento, Rafi Eitan recomendó textualmente “eliminar los miembros de la Unión Patriótica. (…) Barco no cuestionó la recomendación, ni formuló objeciones éticas, morales, legales o políticas” y nunca fue cuestionado ni desautorizado por el presidente Barco, y el General Rafael Samudio también fue determinante por las funciones que se delegaron a las FFMM.
Otra de las revelaciones hechas, que se espera puedan ser esclarecidas por Ramírez Quintero, tiene que ver con que la participación de las Fuerzas Militares fue clave, y que mucho de las operaciones de asesinatos o desapariciones fueron autorizadas, financiadas y planificadas con unidades militares, algunas de ellas bajo la jurisdicción de la brigada 20 comandada por Ramírez.
El caso 06, es uno de los casos claves para que la Jurisdicción Especial para la Paz, emita sus primeras sentencias luego de los casos 01 y 02 sobre, asesinatos de personas presentadas como muertas en combate y el caso de Secuestro a manos de las FARC.
Por último, Iván Ramírez también debería aportar en el esclarecimiento de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia realizadas por las FFMM en contra de Defensores de DDHH y organizaciones sociales que han sufrido los crímenes de espionaje, persecución y amenazas organizadas desde unidades militares.
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