La Corte Constitucional decidió que el mural, que también se convirtió en tendencia en redes sociales ¿Quién dio la orden? es un tema de interés nacional, protegido por los derechos de las víctimas a manifestarse públicamente cuando consideran que hay una violación a sus derechos por parte de un servidor público, en este caso, integrantes de la Fuerza Pública que aparecen con sus rostros relacionados a los crímenes mal llamados «falsos positivos».
Esta expresión fue impulsada por organizaciones de víctimas como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE y plataformas de Derechos Humanos como la Coordinación Colombia-Europa-EEUU y busca contrarrestar la llamada «impunidad social» que ha cobijado a los crímenes cometidos por los organismos de seguridad del Estado y que además no han sido juzgados de manera eficaz por la justicia colombiana.
Vale la pena recordar que el pasado 21 de febrero de 2020 del Juzgado 13 Civil de Bogotá, le dio la razón a una tutela del general del Ejército, Marcos Pinto, y en su momento dispuso al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, borrara la imagen de protesta que incluye la foto del alto oficial y de otros generales y políticos señalados de participar en los ‘falsos positivos’.
En la decisión la Corte Constitucional aseguró que “este tipo de expresiones constituyen ejercicio del derecho de participación en el control del poder político consagrado en el artículo 40 de la Constitución… En consecuencia, dado que la publicación involucra un interés público y hace referencia a funcionarios del Estado, esta se enmarca en los discursos reconocidos por el ordenamiento jurídico como protegidos”
Hay varios intentos de censura contra este mural expresión de las víctimas
En varias ocasiones y en diversas partes del país, las víctimas han enfrentado la impunidad ubicando este mural. Sin embargo, es reiterativo el intento por eliminarlo, y en casi todos los sitios en los que se había pintado o pegado, integrantes de las FFMM, llegaban intimidando a los artistas y a las víctimas, repintando con colores sólidos las paredes en las que había sido instalado.
A pesar de ello las víctimas y las organizaciones sociales habían insistido en que con este mural estaban haciendo uso de su derecho a la libertad de expresión que quedó garantizado con esta nueva decisión de la Corte Constitucional. El reto ahora es lograr encontrar justicia y reparación para estos crímenes que se han convertido en un asunto de interés nacional, no solamente por la decisión del alto tribunal sino por la acogida que la iniciativa ha tenido en amplios sectores sociales.
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