Violaciones a DD.HH. en contra de manifestantes. Fotografía ilustrativa dpl news.
Este 26 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llevó a cabo una audiencia pública sobre el seguimiento y recomendaciones de su visita de trabajo realizada el pasado 8 y 10 de junio en Colombia. El espacio que puede ser visto AQUÍ, contó con la participación de los y las comisionadas de la CIDH, organizaciones de la sociedad civil y representantes del Estado.
Luis Carlos Montenegro, secretario técnico de la Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas, organización ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos 2021, mencionó las altas cifras de violaciones a DD.HH. en contra de manifestantes de las que no solo las organizaciones colombianas dan cuenta, sino cuatro comisiones internacionales que acudieron al país por los llamados de organizaciones como Defender la Libertad y la Comisión de Justicia y Paz.
El representante de Defender la Libertad, también señaló que el accionar frente a la protesta social por parte del Gobierno Nacional ha empleado un tratamiento de guerra y siguen siendo parte del panorama de este mes de octubre. «Se resalta la particular agresión que ha sufrido la juventud, principalmente quienes provienen de sectores históricamente marginados y empobrecidos. Esta juventud que ejerce el derecho a la protesta social es el nuevo enemigo interno en Colombia», agregó el secretario técnico, Luis Carlos Montenegro.
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87 personas fueron víctimas de asesinatos durante el Paro Nacional
La Campaña Defender la Libertad asunto de Todas, presentó en medio de la audiencia de la CIDH los datos recopilados que dan cuenta de las violaciones a DD.HH. en contra de manifestantes durante el Paro Nacional que inició el 28 de abril y se extendió por cinco meses. En las infografías de la organización se evidencia que entre «el 28 de abril y el 28 de septiembre se han presentado cuando menos 7.394 violaciones a derechos humanos de manifestantes».
87 personas fueron asesinadas, 93 sufrieron traumas oculares, 115 fueron heridas con armas de fuego, 106 sufrieron agresiones basadas en género, 326 defensores y defensoras de DD.HH. fueron agredidas, 1.905 manifestantes fueron heridos, se registraron 8.556 detenciones arbitrarias y 1.603 denuncias de abuso de poder.
Las organizaciones que intervinieron en la audiencia, también manifestaron preocupación por las cifras de personas desaparecidas, de las cuales existen 820 denuncias en donde el paradero de 312 personas sigue sin conocerse.
«Las propuestas del gobierno son superficiales y no atienden a las demandas de los problemas estructurales que la sociedad civil viene demandando y no existen enfoques diferenciales en los que se haya invitado a la sociedad civil, a los pueblos indígenas, afro, y la comunidad LGBTI», agregó el secretario técnico y representante de las organizaciones. Luis Carlos Montenegro también expuso algunas denuncias que vulneran los derechos de niños, niñas (259 casos) y mujeres (833 víctimas de la Policía Nacional).
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Solicitudes de las organizaciones de la sociedad civil
La Representante Alta Comisionada, Juliette de Rivero, también expresó «nuestra oficina considera que es necesario reforzar los métodos de gestión democrática de la protesta en el país para hacer efectivo el goce del derecho a la reunión pacífica, y que este derecho sea protegido de manera más proactiva”.
Por su parte, las organizaciones sociales manifestaron que inicialmente el Gobierno Nacional debe solucionar las exigencias que propiciaron las movilizaciones y dan cuenta de la situación que atraviesan miles de familias colombianas afectadas por la pobreza y el no cumplimiento del Acuerdo de Paz.
Los representantes de las organizaciones, también manifestaron que el seguimiento realizado por el Gobierno Nacional debe incluir su participación en dicho proceso, presentar una reforma policial solida y no «superficial» como las realizadas por el Gobierno del presidente Iván Duque y trasladar los juicios a la justicia ordinaria y no la penal militar como se hace actualmente.
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