En el congresos de la República, con 54 votos a favor y 30 en contra, se aprobó la modificación de la Ley de Garantías que prohibía a los gobiernos ejecutar recursos en época electoral, puesto que muchas veces se invertían esos recursos en la compra de votos a través de la aprobación de proyectos de infraestructura entre otros y que se entienden como compra de votos.
Sin embargo, esta ley del Presupuesto, y este artículo sería inconstitucional dado que una ley estatutaria no se tramita de la forma en que sucedió, y además la Constitución prohíbe este tipo de cambios para las reglas del juego electoral que se avecina para el próximo mes de marzo de 2022.
Aunque leyes estatutarias tienen control previo de constitucionalidad, suspensión de ley de garantías enfrentará varias demandas
Es por ello que varios congresistas, entre los que se encuentran Iván Cepeda, Roy Barreras, Luis Fernando Velasco y otros, han asegurado que demandarán dicho articulado ante la Corte Constitucional una vez sea aprobado por la presidencia del Senado y de la Cámara, para tratar de evitar una serie de situaciones adversas como la corrupción electoral que se puede presentar en las regiones.
Aunque para algunos sectores políticos y de opinión la Ley de Garantías no ha logrado evitar la compra de votos y la corrupción electoral, en manos del gobierno actual, la suspensión de dicha ley cobra importancia, dado el panorama político en que los partidos tradicionales avizoran una gran derrota en las urnas.
Lo cierto es que un pronunciamiento de la Corte Constitucional se hace urgente dado que muchas veces, al demandar este tipo de actos del legislativo tienen que frenarse de inmediato para evitar que entren en vigencia y se puedan evitar delitos como prevaricato por parte de quienes las pongan en marcha.
Además hay una discusión fuerte en torno a si esta Ley Estatutaria debería tener control constitucional previo a su firma lo cual evitaría que se promulgue y por lo tanto que se demanden por parte de quienes ya han anunciado acciones penales. Está por verse el camino que tomarán las cortes respecto de este asunto.
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Por otra parte, varios sectores de opinión están pidiendo una especie de castigo en las urnas para quienes votaron a favor de dicha suspensión, dado que muchos de ellos se verían beneficiados al poder girar recursos a las regiones lo que les garantiza su permanencia en el legislativo.
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