Procuraduría sobre escandalo entre MinTIC Karen Abudinen y UT Centros Poblados. Fotografía Colprensa.
Este miércoles 8 de septiembre, la Procuraduría General de la Nación volvió a pronunciarse sobre el polémico contrato entre el Ministerio de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y la Unión Temporal Centros Poblados. Esta vez, el ente de control informó de una acción popular interpuesta contra el Ministerio representado por Karen Abudinen Abuchaibe, el FONTIC (Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), la Unión Temporal Centros Poblados y las once empresas que la conforman.
Según la Procuraduría, el mecanismo busca la devolución de los $70.243.279.599,00 millones dados como anticipo a la UT Centros Poblados para la realización del contrato que llevaría internet a 15 zonas rurales del país y que tendría un presupuesto total de un billón de pesos.
El organismo pidió que se declararan vulnerados los derechos colectivos a la moralidad administrativa; la defensa del patrimonio público y el acceso al servicio esencial de internet, y su prestación eficiente, continua y permanente con ocasión de las acciones y omisiones presentadas dentro de la licitación y el contrato.
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Procuraduría solicitó resarcimiento de la UT Centros Poblados por perjuicios ocasionados a la Nación
Dentro de la acción popular de la Procuraduría, está también la solicitud de resarcimiento por perjuicios ocasionados a la Nación por parte de la Unión Temporal de Centros Poblados, lo que implicaría el pago de una cuantía equivalente a 42.944 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, es decir casi 40.000 millones de pesos.
El órgano de control también exigió que se ordene al MinTIC y al FONTIC que se adopten de manera inmediata las medidas necesarias frente SESCOLOMBIA S.A.S, la interventoría y los funcionarios públicos y demás contratistas que tuvieron que ver en la consolidación de las irregularidades presentadas y que establezca los correctivos y medidas legales, judiciales, contractuales, administrativas, financieras y/o técnicas, que aseguren o propendan por la prestación eficiente, continua y permanente del servicio público esencial de internet.
Finalmente, en Ministerio Público, solicitó que el tribunal disponga que la sentencia frente a esta acción popular tenga prevalencia sobre cualquier decisión arbitral o judicial que se adopte en los asuntos tratados o controvertidos frente a este caso en particular.
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Se conocieron más irregularidades en contratación de la empresa de correos 4-72 y el MicTIC
La Superintendencia de Industria y Comercio está investigando una nueva irregularidad que involucra al Ministerio de las TIC. Se trata de un contrato de 4-72 en el que según Germán Vargas Lleras, habría un caso de colusión.
«En 2017 se practicó una auditoría que arrojó 13 hallazgos relacionados con presuntas irregularidades de sobrefacturaciones de servicios, que fueron denunciadas penalmente. Se ordenó parar los pagos a la empresa Macroservicios Express de Colombia, cuyo representante legal es Delio Arturo Henao, para la época contratista de la regional occidente. En 2021, cuando se abrieron de nuevo las licitaciones de las 8 regionales y una de la ruta nacional para celebrar los contratos de transporte, llamó la atención la denuncia de una presunta colusión, formulada por la Veeduría de Control, a la que no le pararon bolas en el Ministerio», aseguró Vargas Lleras.
Por ahora se indaga sobre la relación entre las empresas Macroservicios Express, Megatransportes, Transportes Occidental, Transportes especializados del norte, E cargo, Serfletar y Camarca que fueron beneficiadas por el político en una columna de opinión.
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