Este 1 de septiembre se conoció que el gobernador del Magdalena Carlos Caicedo, sigue en la búsqueda de mecanismos de protección internacional para su vida, su familia y su gestión, dado que ni el gobierno nacional, ni la fiscalía han avanzado en acciones para prevenir daños irreparables, luego de las amenazas que denuncio desde el pasado 19 de agosto y por las que tuvo que salir del país..
Carlos Caicedo se encontraría por estos días en la Unión Europea buscando respaldos por parte de grupos de parlamentarios y sociales que son sensibles a la situación que vive el país. También habría conversado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante quién solicitó Medidas Cautelares, buscando que el estado colombiano y el gobierno de Iván Duque asuman su responsabilidad en la protección de su vida.
Es de recordar que cuando las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, emitieron un comunicado en el que señalan que no son responsables de la amenaza, la fiscalía y los entes de control debieron haber orientado sus investigaciones hacia los clanes políticos relacionados con grupos delincuenciales a los que la gestión de Caicedo les ha hecho frente en el departamento del Magdalena.
Preocupan garantías para elecciones en 2022
Sin embargo, sorprende que no haya ningún pronunciamiento oficial por parte del gobierno y tampoco se hayan adoptado las medidas de protección que permitan a Caicedo volver al país para seguir desarrollando sus gestiones como gobernador. Dicha actitud del gobierno enciende las alarmas sobre las garantías para quienes no pertenecen al gobierno y se han dedicado a enfrentar las mafias y la corrupción que históricamente están controlando varias regiones del país, entre ellas la costa atlántica que se consideraba un bastión de corrupción y narcotráfico.
Esta situación de amenaza que enfrentan Caicedo y Gustavo Petro también prende las alarmas sobre las garantías que debe brindar el Estado para la realización de la contienda electoral a partir de marzo de 2022, por ello la Unión Europea ya definió que enviara una misión de observación electoral para dicho proceso y desde varios sectores políticos se han hecho llamados a garantizar unas elecciones transparentes y en democracia, pues el impulso a la modificación de la ley de garantías también podría representar una amenaza para el venidero proceso electoral.
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