En medio del escándalo por el contrato de el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación con la Unión Temporal Centros Poblados, se han conocido nuevos detalles en los que las 4 compañías que conforman dicho consorcio estarían vinculadas con personas con varias investigaciones por corrupción.
Este escándalo por el cual ya se ha convocado a una moción de censura a la ministra de las TIC, Karen Abudinen Abuchaibe parece haber tenido su génesis en el 2020, antes de que se supiera qué centros poblados había ganado la licitación por un monto de 1,07 billones de pesos para dotar de internet a cerca de 7000 colegios de la ruralidad en Colombia, por encima de empresas como la ETB, China Great Wall Industri y Skynet.
Un primer elemento que se dio a conocer, tiene que ver con que dicha Unión Temporal habría presentado una póliza de cumplimiento (requisito para cualquier licitación) qué carecía de validez, es decir, antes de culminar el proceso licitatorio ya se evidenciaban algunas irregularidades que el Ministerio habría pasado por alto.
Presentaron póliza falsa para poder licitar
En esta primera ilegalidad se conoció que la póliza de cumplimiento qué quería ser presentada cómo firmada por el banco Itaú fue falsa y que incluso se falsificaron correos del banco para que se pudiese presentar dicha póliza y pasar desapercibida por los controles, sin embargo, en este ilícito también podría haber funcionarios del ministerio que habrían contribuido con dicha falsificación.
En segundo, lugar varios portales de investigación han coincidido en afirmar qué dos de las empresas que ganaron la licitación tenían un capital de solamente $500.000 antes de iniciar el gobierno de Iván Duque, es decir en principio no tendrían capital suficiente para respaldar una empresa que pudiese responder por el trabajo encomendado.
Otra situación que se descubrió gracias a investigaciones periodísticas, es que entre el 11 y el 22 de octubre de 2020 varias de estas cuatro empresas modificaron su objeto Social para que pudiesen desarrollar actividades relacionadas con el internet. Antes de ello la actividad empresarial estaba relacionada con la pavimentación de vías y la construcción de canchas sintéticas de fútbol.
Investigaciones en Fiscalía y contraloría de las cuatro empresas de la Unión Temporal Centros Poblados
Pero los hallazgos no paran en estas irregularidades, pues las cuatro empresas que hacen parte de la unión temporal, albergan personal que ha sido investigado e incluso condenado por delitos de corrupción ligados a incumplimientos en contratos anteriores algunos de ellos con el propio Estado.
En el caso de la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, que desarrollaría el 35% del contrato con el Ministerio de las TIC, señalan a Carlos Enrique Páramo quién había sido nombrado como agente liquidador de una prestigiosa empresa, Villa Rosita Ltda, pero nunca envió los informes relativos al desarrollo de su trabajo.
Por estas razones fue excluido de la lista de auxiliares de la justicia y el 13 de enero de 2012 se trasladó el proceso a la Fiscalía General para que se iniciarán investigaciones penales pertinentes. De esta investigación no se conoce aún, resultado alguno.
Pero además es investigado también por la Contraloría, pues adeuda 3.000 millones de pesos al Estado fruto de la compra de la clínica 1ro de Mayo Rafael Francisco de Paula Santander.
Sobre páramo también se conoce que con la empresa Niu Telco S.A.S, ganó contratos para dictar cursos de inglés en la Guajira, por una suma cercana a los 22000 billones de pesos.
Lo curioso de este contrato es que se Firma para dictar dichas clases de inglés en 38 municipios, cuando la guajira solamente tiene 15 que cuentan con dineros de las regalías los cuales eran los objetivos de dicho contrato.
La segunda empresa es ICM Ingenieros S.A.S que controlaría el 35% del dinero licitado. En 2009 Álvaro Cruz junto con Luis Guillermo Mesa Sanabria ganaron un contrato para el suministro de asfalto y emulsiones asfálticas para restaurar la malla vial de Bogotá, por un valor de casi $24.000 millones. La Fiscalía tiene evidencias de que Cruz pagó $800 millones para quedarse con ese negocio.
Empresarios de la UT Centros Poblados estarían ligados al carrusel de la contratación
Según lo que se conoce hasta el momento, Álvaro Cruz fue condenado a seis años de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho y abuso de confianza calificado, todo ello durante la administración de Samuel Moreno y en medio del escándalo del «Carrusel de la contratación»
La tercera empresa es Intec de la Costa S.A.S. con el control del 15% del contrato. Esta empresa recibió un contrato de $117 millones del Invías, para mejoramiento de la Transversal Quibdó-Medellín de la cual se conoce su estado.
Por último está Omega Buildings Constructura SAS con el 15% del contrato. De esta empresa hace parte Jalim de Jesús Rebaje García famoso a nivel nacional, tras la agresión a la pediatra Dalila Peñaranda y su empleada Carmencita Pérez quienes le reclamaron por el volumen en una fiesta en Barranquilla.
Rebaje García figura como uno de los subcontratistas en el escándalo de corrupción en los escenarios deportivos para los XX Juegos Nacionales y IV Paranacionales 2015, en Ibagué.
Adicionalmente se ha conocido que los dineros del anticipo por 70.000 millones de pesos estarían en bancos de EEUU y que las empresas que «ganaron» la licitación no podrán ceder el contrato. Es decir, que se podría consolidar el desfalco al Min Tic por parte de empresarios que estarían ligados al Clan Char y al partido Cambio Radical.
Así las cosas, parece que este escándalo va mucho más allá y tiene que ver con un red de empresas que está acostumbrada a vivir del Estado y que va siempre tras los más grandes contratos, sin importar si saben o no desarrollarlos y acosta de la pérdida de bienestar de miles de Colombianos.
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