Este martes 13 de julio, diferentes organizaciones de derechos humanos y sociales, víctimas de agresiones policiales, líderes políticos de oposición, académicos y representantes de la policía se reunieron en una audiencia pública para avanzar con el proyecto de reforma policial que se presentará el próximo 20 de julio en el Congreso.
Este debate giró en torno a la estructura de la policía, donde uno de los principales temas fue sobre la participación civil en el cambio estructural de la institución, donde sea un compromiso de la mano con los legisladores, que permita cambios y una materialización de los derechos humanos en un país donde se ejerce la violencia estatal y sistematizada.
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Participación ciudadana en la reforma policial
En la primera parte de la audiencia, se resaltaron los puntos que debe tener la reforma a la policía, llegando a la conclusión de que la institución debe materializar la paz y no le dé una continuidad a la guerra.
Por eso mismo, se argumentó que la Policía Nacional debe salir de las doctrinas y lógicas de la seguridad nacional, con un enfoque en derechos humanos, el cual tenga una profundización y no solo sea tener una oficina de quejas y reclamos.
Por su parte, la vocera de la Coordinación Colombia Europa, Diana Sanchez, se refirió a los enfoques de diversidad de género y étnico, para que la policía no siga violentando o persiguiendo a las comunidades y se garantice la no repetición en los actos de asedio y/o asesinato.
Resaltó que este enfoque de género y étnico debe ir más allá de cumplir con cuotas de diversidad y hacer que esta inclusión se tenga en cuenta en todas las actuaciones y departamentos de la policía, como en las sedes administrativas, en la materialización de las órdenes de policía y en la estructura de la institución.
Los procesos de la policía deben ser transparentes y abiertos al control ciudadano.
Juan Fonseca, víctima de lesión ocular, se refirió a la importancia de la participación de las víctimas de abuso policial en el proceso de reestructuración de la institución como una forma de reivindicación y justicia, donde se abra la posibilidad de un diálogo verdadero para las víctimas y una escucha activa respecto a las propuestas elaboradas por ellas y ellos.
El Coronel retirado, Omar Eduardo Rojas se refirió a este tema y expresó la importancia sobre la participación ciudadana en esta reforma a la policía, puesto que los destinatarios de la funciones de la fuerza pública son los ciudadanos, por lo que esto abre un espacio a tener en cuenta sus apreciaciones sobre la reestructuración de la institución.
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Contenido de la propuesta de la reforma a la policía
Yanilda Gonzáles, docente, profundizó en la reforma policial y los obstáculos que presenta. Mencionó que frecuentemente se encuentran divisiones de las posibilidades de una policía democrática versus una policía civil.
González aclara que esta problemática se puede evaluar en tres aspectos. La primera es la función de la policía que puede ser autoritaria y no está al servicio de los ciudadanos, sino que mantiene el poder estructural que se encuentra en el gobierno de turno.
Por último, se refirió a un control civil externo en la institución de la policía y cómo este mecanismo haría la diferencia entre la policía democrática y una policía autoritaria. Además, se resaltan las posibilidades de una policía más transparente e inspeccionada.
Gracias a estos tres elementos, se menciona que la fuerza pública no sea un ente regulador de contradicciones, injusticias, desigualdades o sea utilizada por un poder autoritario, si no que esté en función a actividades civiles, sociales previamente establecidas, con un ordenamiento jurídico y claro frente al accionar de la policía.
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Recomendaciones de la Human Right Watch
José Miguel Vivanco, director para las Américas de la HRW, habló sobre las violaciones de los derechos humanos cometidos por la policía, y aclaró que no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino es la consecuencia de fallas estructurales profundas de la institución.
La organización no solo habla de las agresiones que se cometieron en el actual paro nacional, sino en las protestas que se presentaron en el 2019 y 2020, donde la mayoría de los casos de brutalidad policial y agresiones letales de la fuerza pública siguen impunes.
Así mismo, resaltó que es necesario una reforma policial seria, que separe a la policía de las fuerza militares, asegurando una supervisión y rendición de cuentas adecuadas para impedir que los abusos policiales prosigan y que los actuales queden en la impunidad.
La HRW recomienda adelantar una reforma que incluya como mínimo la transferencia de la policía al Ministerio del Interior o a un nuevo Ministerio de Seguridad, con el fin de asegurar que el rol y las funciones de los policías estén separados de los roles de los militares.
Colombia es el único país de América Latina donde la policía está en cabeza del Ministerio de Defensa. HRW
Otra recomendación de la HRW fue establecer salvaguardas sólidas que aseguren que los traslados por protección no se usen de modo arbitrario. Vivanco resalta que esta figura donde se permite a la policía detener a cualquier persona, está basada en un criterio totalmente amplio, que abre las puertas a cualquier tipo de abuso o violaciones de derechos humanos.
En el tercer punto, Vivanco resaltó la necesidad de reforma del sistema disciplinario de la Policía para asegurar su independencia y eficacia, puesto que actualmente este sistema disciplinario carece de una independencia.
Vivanco argumentó que no existe una carrera profesional separada para los agentes que realizan las investigaciones y esto significa que no existen salvaguardas para que los investigadores no acaben trabajando junto con los policías que están en juicio o que están a su mando.
Por eso mismo, recomiendan que la Justicia Penal Militar no adelante investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de la policía, puesto que esta competencia es inconsistente con los estándares internacionales de derechos humanos e históricamente ha impedido la rendición de cuentas y ha facilitado el acto de varios delitos.
Por último, recomiendan un mecanismo independiente de supervisión y control sobre la policía, que debe ser el resultado de un proceso de amplia participación, incluyendo la de las organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales que participan en Colombia.
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