Con 68 votos a favor, la coalición de gobierno aprobó una reforma a la justicia que no resuelve los problemas que presenta esa rama, que no atendió tampoco varias propuestas de los funcionarios judiciales y que no aporta en la reducción de los índices de impunidad generalizada que sobrepasa el 90%.
Y es que son varios los problemas que el Consejo Superior de la Judicatura y ASONAL Judicial han señalado de la aprobada reforma a la Justicia aprobada en el congreso este 15 de junio. Entre ellos que se reforman los requisitos de elección para Fiscal, Contralor y Procurador, que no se crean mas juzgados y que se crea más burocracia con inyección de 3 billones de pesos.
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Reforma reduce requisitos para elección de altos cargos como Procuraduría, Fiscalía, Registraduría y Defensoría
Antes de la reforma uno de los requisitos que, para muchos, garantizaba la idoneidad de las personas elegidas para ocupar cargos como Procuraduría, Fiscalía y Defensoría, era que esta persona tenía que respaldar su postulación con una experiencia no menor a 15 años en ejercicio del derecho.
Con la reforma aprobada la experiencia se pude homologar y no tendría que ser exclusivamente en el ejercicio del derecho, lo que, para ASONAL el CSJ podría politizar aún más la elección de estos dignatarios pues personas sin experiencia pueden ocuparlos, en detrimento del propio ejercicio de la justicia.
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Reforma tampoco resuelve la saturación en despachos judiciales
En lugar de crear más juzgados, lo que aprobó el congreso es la creación de juzgados itinerantes que reforzarían juzgados regionales con altos niveles de saturación por procesos.
Para ASONAL, este tipo de medida no resuelve el problema de la alta demanda de procesos pues no genera arraigo en los jueces y adema puede profundizar los problemas pues el traslado de dicho juzgado puede demorar aún más los trámites para las partes procesales. La solución era crear más juzgados según el sindicato.
Crea burocracia y se desvirtúa la función de la rama judicial
Según el texto aprobado por el congreso, que deberá surtir el trámite de la conciliación con Cámara, la revisión constitucional y luego la firma presidencial, se adjudicarán más de 3 billones de pesos para poner en funcionamiento de la rama judicial.
Esto implica que se deberá crear un ente administrativo que aumentará la burocracia y también podría generar politización por las características de la ejecución presupuestal en el país.
Con esta reforma se recortan los derechos laborales de las y los trabajadores de la rama judicial
Otro de los artículos problemáticos es el que establece el acceso a la justicia como un servicio público esencial. Según ASONAL este punto recorta los derechos laborales pues ilegalizaría la realización de los Paros, y esa ha sido una de las pocas herramientas con las que se ha podido avanzar en las reformas que se han dado hasta el momento.
En resumidas cuentas, esta reforma que aprobó el congreso, ni resuelve los problemas de fondo en la administración de justicia, ni aporta en la reducción de la impunidad. Por el contrario crea burocracia, abre las puertas para el desmejoramiento o mayor politización de los entes de control y recorta derechos de sus trabajadores.
