Fotografía Alcaldía de Cali.
En un hecho sin precedentes el juzgado 16 Administrativo de Cali suspendió los efectos del decreto 304 del 2021 que facilitó el levantamiento de los bloqueos en la ciudad de Cali a través del reconocimiento de UCR Primera Línea Somos Todos y abrió la mesa de negociaciones entre la alcaldía y los manifestantes.
La jueza Lorena Martínez Jaramillo del Juzgado Dieciséis Administrativo Oral del Cali tomó la decisión que se hizo pública justo un día después de que los participantes del Paro Naional decidieron el levantamiento de los bloqueos condicionados al cumplimiento de los acuerdos y la permanencia de la Mesa de Diálogo.
Ese juzgado, por lo menos de manera temporal, dio credibilidad a los argumentos de la demanda que pretendía varias causales de ilegalidad del Decreto y que fueron desestimadas por la Alcaldía con su expedición. Entre los argumentos que establece la demanda está que el Alcalde no podía prohibir la intervención del ESMAD.
En el Decreto se establece que solamente con la orden de las autoridades civiles se pude efectuar una intervención del ESMAD y el uso de esa fuerza de policía sería el último recurso en caso de que las vías del diálogo fueran infrutuosas y las manifestaciones se tornaran violentas.
Analistas señalaron como pionera la experiencia que fue posible gracias al Decreto 304
En diálogo con Alberto Tejada, del Canal 2, el analista político Daniel Libreros y Danilo Rueda de la Comisión de Justicia y paz, señalaron que la experiencia de Cali en el Paro Nacional es un modelo a seguir, en tanto las diversas expresiones de democracia directa y solidaridad, lograron la construcción de un tejido social al rededor de las exigencias de vida digna de la población.
Para ellos, la existencia de las ollas comunitarias, los mercados campesinos autónomos y el reconocimiento de medidas de participación directa deberían aplicarse en todo el Valle del Cauca y podría proponerse como un modelo de seguimiento a nivel nacional.
Adicionalmente señalaron que las expresiones democráticas solamente se daban gracias al reconocimiento de los hechos de la historia reciente que configuran el tipo de población en Cali. Por ejemplo, la calidad de víctimas de desplazamiento o de otros hechos inherentes a la guerra que han sufrido muchos de ellos y ellas.
Es decir, la ausencia de derechos que ha sufrido esa población es otro de los detonantes de las protestas y es necesario que se potencien reformas, como una sustancial a la ley de víctimas que fue inservible por no satisfacer las demandas en torno al derecho al territorio que tienen las personas que han sufrido la guerra entre otros.
Incluso, los analistas señalaron que esta mesa de dialogo fue tan importante que podría aportar en el establecimiento de un Plan de Ordenamiento Territorial con definición de políticas públicas en el mediano plazo para la ciudad y para sus regiones internas y así se venía estableciendo en la mesa con propuestas muy serias por parte de los jóvenes.
Centro democrático y Ministerio de Justicia fueron grandes críticos del Decreto
El alcalde Ospina anunció que acatará la decisión del juzgado pero aclaró que este Decreto no estaba en contravía del ordenamiento constitucional y por el contrario priorizaba el diálogo como mecanismo de resolución de conflictos, además de dar garantías a las instituciones y personas que participaban de la Mesa de Diálogo.
«Vamos a asumir la decisión planteada por la señora jueza, pero además de eso, es importante decirle a la persona que interpuso la denuncia, María del Mar Machado Jiménez, que jamás nuestro decreto va orientado a establecer o permitir bloqueos».
Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali.
Mesa de diálogo de Cali entre en incertidumbre ante suspensión del Decreto 304
Durante la inauguración del Monumento a la Resistencia y en eventos previos, la Unión de Resistencia Cali, UCR Primera Línea Somos Todos, ahbía sido enfática en que los bloqueos de las vías se levantaban y esa decisión estaba supeditada al cumplimiento de los acuerdo alcanzados en la mesa de diálogos.
Sin embargo, aunque la alcaldía tiene 30 días para responder a las preguntas y exigencias del juzgado, esta Mesa de Diálogo podría estar en riesgo. Recordemos que este Decreto priorizó el diálogo, contrario a la órdenes presidenciales de decretar la «Asistencia Militar» en lugar de la conversación para atender las protestas.
Lo paradójico del asunto es que aunque el Decreto de «Conmoción Interior velada» tiene varias demandas interpuestas en diversos tribunales, no se ha resuelto ninguna de ellas y por el contrario, el único decreto que priorizaba el diálogo fue suspendido por una demanda de una empresaria regional.
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