Dos abogados de la ciudad de Cali radicaron una nueva demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra del decreto 575 de 2021, que se suma a las interpuestas previamente por el representante David Racero y Iván Velásquez, ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.
Es importante recordar que Decreto 575 ordenó «asistencia militar» para 8 departamentos y 13 ciudades el pasado 28 de Mayo. Según analistas este decreto es similar al Estado de Conmoción Interior pero evita control del la Corte Constitucional y del Congreso.
Contagio Radio entrevistó a Andrés Gonzáles,uno de los abogados que interpuso la demanda por nulidad en compañía de su colega Sebastián Paz.
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¿El decreto 575 es inconstitucional?
El Decreto 575 de 2021 es el decreto por medio del cual el presidente Ivan Duque a través del Ministerio del Interior ordenó la asistencia militar para los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y municipios como Yumbo, Popayán y para los Distritos de Buenaventura y Cali.
Palabras más palabras menos el Decreto ordenó, a través de la militarización, levantar todos los bloqueos que han ejercido manifestantes en el marco de las protestas del Paro Nacional.
¿Qué los llevó a realizar esta demanda por inconstitucionalidad?
Nosotros creemos que la protesta social es un derecho que no puede encontrar desde el Estado una respuesta netamente militar sino que la respuesta tiene que ser institucional y las salidas se deben encontrar desde el dialogo y esas deben ser las respuestas de la institucionalidad.
Esto me da un espacio para aclararte que los dos accionantes no hacemos parte de ningún movimiento político y tampoco de ningún movimiento que en estos momentos se encuentra marchando, solo que la responsabilidad que tenemos como ciudadanos hace que se tenga que actuar desde la institucionalidad y la justicia para proteger los derechos fundamentales y convencionales.
¿Qué argumentos jurídicos tiene para solicitar este recurso?
Esencialmente hay ronda sobre cinco cargos que hemos dirigido en nuestra demanda, el primero, es un vicio de forma que se da porque el Decreto no fue publicado en el diario oficial, el segundo y el tercero es por la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad, a la paz y al derecho a la protesta y además el Decreto incumple todos los estándares fijados por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana respecto al derecho a la protesta y la forma en la que deben solucionar los aspectos que reclaman los manifestantes.
En cuanto al derecho a la paz es importante señalar que el Decreto no garantiza el dialogo porque la orden es levantar los bloqueos mediante la vía militar y en cuanto a las obligaciones internacionales organismos de derechos como CIDH o la Corte Interamericana han señalado que la protesta nunca debe ser militarizada porque eso normalmente lleva a que cometan graves violaciones a los derechos humanos.
Nuestra experiencia como región muestra que cada vez que se incluyen militares en las protestas hay violaciones graves a los derechos humanos.
En cuanto al cuarto cargo, se configura porque el presidente está regulando situaciones propias de un estado de excepción de conmoción interior mediante decretos reglamentarios, eso es algo que legal y constitucionalmente está prohibido y básicamente lo hace es para evadir el control de constitucionalidad de la Corte Constitucional.
Por ultimo, el quinto cargo es que quita todas las potestades de policía a los alcaldes y los obliga a coordinar con los altos mandos militares acciones para levantar los bloqueos. Las fuerzas militares no tienen porque andar coordinando nada, esas medidas deben ser tomadas por los alcaldes y gobernadores, la fuerza publica solo debe cumplir las ordenes respectivas.
Además, arrebatarle esas facultades a estas autoridades vulnera la autonomía territorial de estas autoridades y que es un principio básico y fundamental de nuestro Estado Social de Derecho.
¿Qué sucederá con este proceso?
Mientras se decide de fondo la demanda hemos pedido una medida de suspensión provisional para evitar que el Decreto siga generando los efectos vulneratorios a la Constitución.
Si el decreto 575 no es una opción ¿Qué debería hacer el gobierno nacional en esta coyuntura?
Tanto Sebastian Paz como Andrés González creemos que la solución a nuestro problemas no es militarizar las ciudades ni los departamentos sino que tenemos que buscar soluciones colectivas a partir del dialogo. Esa solución tiene que ser un llamado a encontrar puntos o acuerdos comunes para sacar el país adelante.
Lastimosamente Duque y su gobierno no quiere escuchar a su gente y al final expide este Decreto que va a traer demasiados problemas en el plano internacional especialmente en el sistema interamericano de derechos humanos y pues puede traer mucha sangre y dolor para nuestro país y especialmente para los jóvenes de Colombia que son los que al final le están poniendo el pecho a la protesta.
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