Son varias las críticas y preocupaciones que rodean el proyecto de Ley que reforma la Procuraduría y que fu presentada por Margarita Cabello en cabeza de la entidad. Entre las preocupaciones se destacan las funciones de policía judicial y la ampliación de la planta de personal que sería discrecional del presidente.
El proyecto, que fue aprobado en sesion conjunta de las comisiones primeras de Senado y Cámara este miércoles quedó a un paso de ser aprobado y por ello despierta la preocupación de congresistas y juristas de diversos sectores políticos y sociales.
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Funciones de policía judicial corresponden a jueces y no a la Procuraduría
El proyecto habilita a los funcionarios de la entidad de control para que en el marco de investigaciones disciplinarias se adelanten interceptaciones de comunicaciones, inspecciones corporales, allanamientos y otras funciones que deberían ser del resorte de los jueces de garantías o de la Corte Suprema de Justicia.
La Procuraduría propuso al Congreso de la República que las funciones jurisdiccionales en el área disciplinaria le sean ampliadas con el objetivo de poder actuar como jueces cuando haya sanciones de destitución o inhabilidad.
Por ejemplo, el Senador Roy Barreras advirtió que “este proyecto le entrega facultades a la Procuraduría para que ejerza funciones jurisdiccionales, es decir, convierte a la Procuraduría en juez (…) En manos de la Procuraduría quedan todos los mandatarios y particularmente todos los alcaldes y gobernadores alternativos o independientes, que no hacen parte de la coalición de gobierno”
“Le diremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que este proyecto de ley viola flagrantemente el mandato que dio a Colombia de adecuar su ordenamiento jurídico, pero con el facto perturbador de cercenar el derecho a compañeros con un posible abuso del poder disciplinario que este proyecto va a regular”, manifestó Angélica Lozano.
Proyecto de reforma a la Procuraduría otorga facultades para que el Presidente aumente la planta de personal
Otra de las fuertes críticas que tiene este proyecto de ley otorga facultades extraordinarias al presidente de la República para reformar la planta de la Procuraduría y adecuar su funcionamiento a los nuevos cargos que tendrán que crearse para adelantar los procesos disciplinarios.
Ante esta posibilidad también se han pronunciado varios congresistas que afirman que esta no es la época para ampliar persona pues se hace necesario un gobierno austero y que tome medidas de emergencia para atender las dificultades que ha traído la pandemia.
Entre las voces que hacen un llamado en ese sentido está la del Senador Iván Cepeda que a través de su cuenta en la red social Twitter llamó a la ciudadanía a movilizarse contra el proyecto. «Llamo a la ciudadanía a movilizarse contra proyecto de ley de la procuradora Cabello que aumentará significativamente la planta de personal de la Procuraduría en medio de la crisis social y económica que vive el país.»
Este proyecto de reforma no responde a lo solicitado por el Sistema Interamericano de DDHH
Una de las justificaciones del proyecto de reforma a la procuraduría presentado por Margarita Cabello, quien fuera Ministra de Iván Duque, es que se busca responder al Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la decisión tomada en el caso en que ese ente destituyo al Alcalde de Bogotá, en su momento, Gustavo Petro.
En su momento la Corte Interamericana pidió modificar funciones de la Procuraduría al impedir que esta entidad junto con la Contraloría, puedan retirar a un funcionario elegido popularmente de su cargo.
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Sin embargo, como lo afirman los congresistas, este proyecto no respondería a la solicitud de regulación en la materia, por el contrario agudizaría la controversia puesto que la Procuraduría está en manos del partido de gobierno y podría prestarse para una persecución política con mayores herramientas.
Vale la pena resaltar que la fecha se llevan a cabo 12.142 actuaciones disciplinarias contra funcionarios de elección popular, entre las cuales hay poco más de 8.000 alcaldes,;3.000 concejales; 644 gobernadores; 163 diputados; 38 ediles; 30 representantes a la Cámara; y 21 senadores.
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