Fotografía de Twitter.
Este martes 8 de junio la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), empezaría su visita de trabajo en el territorio colombiano. Inicialmente, se contempla una reunión entre el organismo de verificación y el Gobierno Nacional el próximo lunes 7 de junio. En este encuentro previo el Gobierno entregaría información oficial de la situación de DDHH en el marco del Paro Nacional.
De acuerdo a las primeras informaciones, el tiempo de verificación iría desde el 8 de junio y hasta el viernes 11 del mismo mes. Lo cual es bastante sorpresivo, después de las negativas iniciales de la vicepresidenta y canciller, Martha Lucía Ramírez. De hecho la vicepresidenta ahora se muestra interesada en que el proceso se agilice, tal como lo solicitó la CIDH en una misiva este 29 de mayo.
Martha Lucía, quien propuso la reunión entre el Estado y la CIDH, manifestó que este domingo 30 de mayo, consultó «formalmente» con Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo y confirmó que estos organismos insisten en realizar una «audiencia privada» con el fin de entregar la información necesaria a la CIDH, situación que sigue generando una serie de criticas.
Para Javier Galindo, coordinador de litigio internacional de la Comisión Colombiana de Juristas no es necesario que se consulte con los órganos estatales si es posible una visita de la CIDH. Galindo también agrego que es preocupante la actitud del Gobierno y que se podría tatar de una dilatación.
Martha Lucía Ramírez insiste en desviar la atención de las vulneraciones de DDHH
La canciller y vicepresidenta recomendó a la CIDH visitar Cali, Tuluá y Popayán, pero insistió en que se concentren en las vulneraciones causadas por los bloqueos o «ataques al poder judicial» con «proporciones similares a las que tuvo la toma del Palacio de Justicia en 1985».
Pese a las denuncias de uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía y el ESMAD, los asesinatos, los abusos sexuales, las lesiones oculares, los desaparecidos y los casos de tortura, Ramírez insiste en que la verificación se enfoque desde la «salud, alimentación, trabajo, movilidad, desarrollo económico, vivienda y saneamiento básico».
La ONG Temblores e Indepaz, informaron que, desde el 28 de abril y hasta el pasado 27 de mayo se registraron 3.405 casos de violencia policial. Dentro de está cifra están 43 asesinatos que son materia de investigación, 47 lesiones oculares, 22 víctimas de violencia sexual, 1.133 agresiones físicas, 1.445 detenciones arbitrarias y 175 casos de disparos con arma de fuego atribuibles a la Policía.
Gobierno pretende imponer la agenda de la CIDH
Según la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el gobierno busca que la Comisión Interamericana se reúna con sectores de salud, servicios públicos, pequeñas y medianas empresas, agropecuarios, miembros de la fuerza publica y «victimas civiles de los bloqueos y el vandalismo» e integrantes de las FFMM y de policía, supuestamente, para tener un panorama claro sobre la situación actual del país.
Sin embargo, parece que el gobierno quiere olvidar que la solicitud y la insistencia de la CIDH tienen que ver, exclusivamente, con las violaciones de DDHH en medio de las protestas y que los puntos sobre los cuales pide información son desapariciones, detenciones arbitrarias, asesinatos, torturas, civiles armados protegidos por policías entre otros aspectos relacionados con las responsabilidades del Estado en la violencia contra el Paro Nacional.
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