Para las víctimas cero y van tres ocasiones en que Rito Alejo del Río niega, oculta e imposibilita el esclarecimiento y la verdad en el escenario de la justicia transicional. Así, lo sienten sectores de víctimas que ven con crudeza que el general se irá con la verdad que sabe hasta el final. «Nada que hacer, ni nos escucha, ni quiere pasar a la historia como general de la paz, lamentable, pierde él y el país», afirma un de sus víctimas.
Ayer en la tercera de versión voluntaria del general retirado Rito Alejo del Río en la JEP, la primera por el Caso 06 – Victimización de los miembros de la UP, que se suma a las otras dos realizadas en el marco del Caso 04 – Situación Territorial de Urabá, continúo en una actitud negacionista, a pesar del estímulo de las victimas para decir la verdad. Lea Hablemos sin rencores: Comunidades del Bajo Atrato a Gral (R) Rito Alejo del Río
Mas información: CartAbierta 24 – General queremos encontrarnos con usted
El Magistrado Gustavo Salazar presentó un abundante material probatorio como documentos, cables diplomáticos desclasificados, testimonios, indagatorias y sentencias que relacionan al general retirado con el paramilitarismo en el magdalena medio y el Urabá en el proceso de exterminio de la Unión Patriótica y otros crímenes que se pueden tipificar como Crímenes de Lesa Humanidad.
El Magistrado expuso testimonios e indagatorias de Alonso de Jesús Baquero, alias El Negro Vladimir; Luis Antonio Meneses, alias Ariel Otero; y Diego Fernando Murillo, alias don Berna que relacionaban a Rito Alejo del Río en la colaboración con las nacientes paramilitares del Magdalena Medio.
La única reacción del general fue de acusarlos de falsedad. El Magistrado Salazar lo increpó para que presentara los fallos que así lo demostraban, argumentando además que los testimonios de los ex paramilitares y declaraciones fueron el fundamento de múltiples condenas.
Al ser interrogado por al análisis de los factores de riesgo y amenazas como comandante del Batallón Rafael Reyes para 1986 , el general retirado respondió que sí era el comandante y que las hechos delictivos de la región los cometía el Frente 23 de las FARC, desestimando a otros grupos.
El Magistrado le preguntó por la masacre de Campo Capote en 1986 contra miembros de la UP a manos del grupo narcoparamilitar MAS, a lo cual respondió que no la recordaba. La JEP le increpó:“¿Cómo explica usted no se haya enterado de esta masacre?”.
Posteriormente, la sala expuso un documento desclasificado de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia y otro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se hablaba de los presuntos vínculos de él con grupos paramilitares, las reacciones del general retirado del Río se dirigieron contra la Comisión de Justicia y Paz.
En un momento tenso, el versionante expresó que estos organismos estaban malinformados por oficinas y organizaciones de derechos humanos que se dedicaban a desprestigiarlo, nombrando con precisión a la Comisión de Justicia y Paz.
El jurista Salazar exigió abstenerse de realizar afirmaciones en abstracto, mostrar las pruebas, y agregó que si era el caso, le tomaría inmediatamente juramento al general ® Del Río, para sustentar sus afirmaciones. Agregó el togado que no iba a permitir realizar acusaciones en abstracto contra organizaciones de la sociedad civil.
Víctimas que observaron la audiencia en ese momento experimentaron las consecuencias del negacionismo. «Sigue en las mismas, creímos que tenía una actitud de cambio. Triste sigue ciego y malamente orgulloso»
Continuando con el acervo probatorio Salazar dirigió la Audiencia al tema de las Convivir en Urabá. El historial de estas Cooperativas de Seguridad descrito en la sesión pasó por Punta de Piedra, Coembera, Chigorodó Alegre, Covitur y Costa Azul.
Los nombres de muchos de sus integrantes Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche, a los hermanos Ardila Hoyos, los mismos que fundaron el grupo paramilitar de Los Guelengues, y su entramado de relaciones de narcotraficantes y paramilitares recordado. El Magistrado Salazar demostró como los conceptos militares favorables para aprobar las Convivir o las solicitudes armamentos firmadas por Rito Alejo se realizaron en pocos días y no siete meses como este expresó.
Ante esto, tal y como lo hizo en las sesiones anteriores, el general retirado puso en duda los documentos exhibidos, señalando que él no firmaba desde Medellín y que esa podía no ser su firma, con lo cual evadió esas preguntas.
Visiblemente molesto y confrontado, Rito Alejo del Río demandó que se le trasladaran los documentos que legalmente se había recolectado por el Despacho con el fin de examinarlos y eventualmente refutarlos.
Es la primera vez que ante la Jurisdiccción Especial de Paz, JEP, que al general Del Río se le ha visto contrastado en sus versiones, la mayoría de ellas, con una actitud negacionista o de descalificación de los testigos, de las pruebas que contra él existen.
Para las víctimas existe la convicción profunda que de seguir así, Rito Alejo del Río se está nuevamente condenando así mismo, pasará a la historia como un criminal sin escrúpulos dejando un legado muy negativo para las Fuerzas Militares, la sociedad y los que le quieren. «Él está perdiendo está oportunidad por su paz, y la paz del país»
