Fotografía de Reuters
Comunidades campesinas de todo el país, organizaciones internacionales, relatores de las Naciones Unidas, analistas y defensores ambientales y de DDHH manifestaron su oposición a la posibilidad del regreso de las aspersión con glifosato a los campos colombianos.
Este 12 de abril el Gobierno de Iván Duque abrió las puertas a la aspersión aérea con glifosato. El gabinete ministerial firmó este lunes el Decreto 380 en el que «se regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea».
Pese a la solicitud de las comunidades y de varios relatores de la ONU el Gobierno colombiano se anticipó al regreso de la aspersión y determinó en este decreto «una hoja de ruta», que aunque «no reactiva automáticamente el programa de erradicación de cultivos ilícitos» como manifestó Wilson Ruíz, ministro de Justicia, sí da luz verde al método de erradicación que ha causado daños en el país.
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¿Qué hace falta para el retorno del Glifosato?
En Colombia desde 2015 la aspersión aérea dejó de ser un práctica de erradicación utilizada, pues fue suspendida en el Gobierno de Juan Manuel Santos ante las denuncias sobre los efectos negativos para la salud y para el ambiente que produce este químico.
Según el Ministerio de Justicia es necesario que el Consejo Nacional de Estupefacientes verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos, «especialmente, en la Ley 30 de 1986«. Sin embargo, este tipo de medidas no es suficiente para las comunidades que ven afectados también sus cultivos de pan coger.
Por otra parte la Corte Constitucional no prohíbe la aspersión aérea con Glifosato, pero establece en la sentencia T236 de 2017 y el Auto 387 de 2019 los requisitos que deben cumplirse para retomar este método.
En la sentencia además se resalta la importancia de la sustitución voluntaria de cultivos, y se fija como principal forma de erradicación, sin embargo, estas medidas no están siendo tenidas en cuenta por el gobierno dada su negativa a implementar de manera integral el Acuerdo de Paz.
Corte Constitucional podría frenar la pretensión del gobierno para reanudar aspersiones con glifosato
Según la Corte se debe demostrar con “evidencia objetiva y concluyente» que no hay riesgo de «deforestación, degradación de ambientes naturales, pérdida de biodiversidad, u otro daño ambiental» a través de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y que hay «ausencia de daño para la salud» a través del Instituto Nacional de Salud (INS).
El Gobierno presentó a la ANLA las estrategias que se implementarían para no afectar gravemente al ambiente, entre las que está el uso de tecnología para acabar únicamente con los cultivos cocaleros, sin embargo la institución aún analiza el informe para dar su punto de vista. Por su parte el INS ya manifestó su posición frente a la aspersión, aunque aún no se conocen los detalles.
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¿Aspersión por precisión?
El controvertido ministro de Defensa, Diego Molano se pronunció sobre el nuevo Decreto 380 y afirmó que lo que se busca con esta práctica es «combatir el narcotráfico», que según él es la causa de la violencia y de los asesinatos contra lideres sociales en Colombia.
Isabel Pereira, Investigadora de Dejusticia y del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho y María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Droga (Cesed) manifestaron su desconecto con el retorno de la aspersión aérea en el país. Según ellas el Gobierno Nacional no esta pensando el la población campesina, indígena y afro que sufre las afectaciones de su salud y el costo ambiental en sus territorios.
La docente María Alejandra Vélez incluso encabezó con la Universidad de los Andes la realización de una carta dirigida al presidente estadounidense Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris (después de la acreditación de Colombia en la lucha contra las drogas). La carta que cuenta con el respaldo de 150 académicos de Colombia y el mundo, plantea los daños que trae la fumigación del herbicida y su poca efectividad (replantación del 36%).
Según los académicos la aspersión es responsable de la deforestación y daño ambiental en la amazonia y los Andes colombianos, además de generar contaminación en fuentes hídricas importantes, dañar el suelo y destruir cultivos agrícolas.
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El Glifosato no es la solución
La principal exigencia de las comunidades, organizaciones defensoras de DDHH y expertos en drogas es que se cumpla con el Acuerdo de Paz, que ahora puede verse en riesgo por el retorno de la aspersión aérea de glifosato. Según Isabel Pereira este método al contrario de lo que afirman los ministros podría ser un factor para que la violencia aumente.
Campesinos que dependen del cultivo de coca, muchas veces no tienen la oportunidad de realizar un proyecto productivo, lo que generaría más inconformidad con el Estado y haría que los cultivos se muevan a otras zonas del país, haciendo más difícil el control y otro tipo de políticas.
Por otra parte, Eduardo Díaz, promotor de la sustitución voluntaria en el Acuerdo de Paz, manifestó que una solución más efectiva para combatir el narcotráfico es legalizar el consumo de drogas en el país, pues esto afectaría directamente la economía de narcotraficantes y grupos al margen de la ley que ejercen control sobre la población y se lucran de las prohibiciones y ausencia del Estado.
Además Díaz es enfático en que el Acuerdo de Paz debe ser respetado y esto se logra aplicando las estrategias plasmadas en este mismo, es decir para erradicar se debe instaurar un dialogo con los campesinos y se les debe ofrecer herramientas para sustituir la coca por otro producto que además les genere una verdadera ganancia. Según cifras de Eduardo y de el Cecep con la erradicación voluntaria solo hay un 0,2%.
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