Pasado un año de la Masacre en Bogotá, en la que 13 personas fueron asesinadas, la mayoría de ellas a manos de la Policía Nacional en medio de fuertes protestas contra el asesinato de Javier Ordóñez a manos de oficiales del Centro de Atención Inmediata CAI de Villa Luz, la impunidad en esos crímenes está a la orden del día, pues solamente en 4 de los casos hay algún avance en los procesos judiciales, mientras que 9 casos más siguen en etapa preliminar a pesar de las múltiples pruebas recopiladas y difundidas por víctimas y medios de comunicación.
Solo en los casos de Jayder Fonseca de 17 años, asesinado en el barrio Verbenal, Andrés Felipe Rodriguez, de 23 años también asesinado en Verbenal, Germán Puentes de 25 años, asesinado en Suba, y Ahthony Estrada de 28 años asesinado en Soacha, se han identificado a los responsables y están en proceso de juicio, pero solo en el caso de Anthony hay medida de privación de la libertad para el policía responsable.
El periódico El Espectador reveló recientemente que en los informes acerca de las municiones y las armas utilizadas por la Policía esa noche fatídica, «Los proyectiles que recuperaron de los cadáveres de cuatro víctimas fueron disparados con armas de la fuerza pública. Además, tras revisar el arsenal que usó la Policía esa noche, se verificó que faltaban 300 municiones en Suba y 70 en Usaquén.»
Las amenazas contra familiares de las víctimas que reclaman justicia están a la orden del día
Varias de las familias de las víctimas han denunciado que hay una serie de amenazas en contra de ellos y ellas por buscar justicia en varios de los casos de jóvenes asesinados. En el caso de Angie Paola Baquero, asesinada en Suba, sus familiares han recibido notas amenazantes y han sido víctimas de agresiones directas a su lugar de residencia en dónde desconocidos quebraron los vidrios del segundo piso de la vivienda en la que habitan en esa localidad.
De igual forma sucede con los familiares de Cristian Camilo Hernández asesinado en el barrio Verbenal. Según han denunciado los familiares, en varios casos policías, tocando su arma de dotación, les han dicho que se tienen que ir del barrio y varios vecinos rechazan actividades conjuntas porque temen represalias de la policía, como si se tratara de que las personas que denuncian se convierten en sentencia de muerte, no solo para ellos mismos sino para cualquiera que decida compartir o respaldar sus actividades.
Además, los casos de las más de 300 personas heridas, 75 de las cuales fueron con armas de fuego, están en la más absoluta impunidad, con el agravante de que muchas personas decidieron no seguir adelante con las denuncias por temor a desatar una persecución en su contra por parte de la policía, lo cual se ha convertido en regla general después de tener la valentía de denunciar a los agresores.
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El discurso oficial es una amenaza para quienes deciden denunciar y luchar contra la impunidad en la masacre del 9 de Septiembre
Carlos Holmes, quien para el momento era el Ministro de Defensa, aseguraba que las investigaciones irían al fondo, sin embargo, al decir de las evidencias, no se trataba de investigaciones en contra de los victimarios sino de las víctimas. Días después se aseguraba que había un plan orquestado y coordinado por disidencias de las FARC y del ELN para atacar, con terrorismo, a las instalaciones de la policía en la ciudad capital y en otras del país que también sintieron la indignación ciudadana.
Varias personas fueron detenidas, de ellas se dijo que tenían un plan, que estaban coordinados y que incluso se les pagaba para manifestarse violentamente. Con el paso del tiempo las declaraciones terminaron de desvirtuarse por la fuerza de los hechos. No se trataba de planes orquestados contra el Estado y sus instituciones, sino que se trataba de indignación generalizada contra una Fuerza Pública que no respeta a la ciudadanía y que abusa del poder que la misma ciudadanía le ha entregado.
Las reformas anunciadas por el gobierno, han sido calificadas dentro y fuera del país, como reformas cosméticas, que no van a la fondo de la problemática, que no resuelven los abusos de poder y que no castigan a los responsables para evitar que este tipo de actos se sigan cometiendo. El cambio de uniforme no ha resuelto para nada la indignación y la negativa del gobierno a aplicar medidas restaurativas, incluso, la negativa a pedir perdón, han marcado más razones de indignación.
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El Paro Nacional recogió la indignación y dejo en evidencia el poco respeto de la Fuerza Pública por la cuiudadanía
Una de las evidencias más fuertes del descontento nacional e internacional con los gobierno de derecha de los últimos años, fueron las movilizaciones del Paro Nacional, que lastimosamente también evidenciaron que el actuar de la Fuerza Pública no es garantista de los derechos de las y los colombianos. Más de 1000 víctimas de abusos policiales y cerca de 83 personas asesinadas y cerca de un centenar de desaparecidos, confirman la indignación del 9S.
En concreto, parece ser que la impunidad es una «carta blanca» para que los delitos de la Fuerza Pública se sigan cometiendo. Las amenazas y hostigamientos contra las víctimas que denuncian se han convertido en un modus operandi. La precariedad investigativa de la Fiscalía, contra toda evidencia, acrecienta la desconfianza en todo el aparato estatal.
Sin embargo, muchas de las víctimas se resisten a desaparecer, se resisten a ser víctimas de nuevo, esta vez de la impunidad. Murales, monumentos e historias invaden las ciudades. La indignación permanece y la esperanza crece de lado de aquellos y aquellas que desde la Memoria y la vida siguen exigiendo justicia, se siguen negando al Olvido.
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