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19 Feb 2019
Este martes, organizaciones de mujeres colombianas presentaron ante las Naciones Unidas un informe que describe como el Estado ha implementado los estándares internacionales para los derechos de las mujeres, acordado por la Convención sobre la Eliminación de Todas Las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).
En el informe titulado «Mujeres y Paz en Colombia en búsqueda de plenos derechos,» las organizaciones denuncian problemáticas, nuevas e históricas, como la inseguridad generada por la presencia de grupos armados ilegales en el país y las violaciones de derechos humanos relacionadas a los megaproyectos extractivos y agroindustriales, las cuales afectan en particular a las mujeres campesinas, afrodescendientes e indígenas.
Según Constanza Fletscher Hernández, coordinadora de programas de la organización Food First Information and Action Network (FIAN) en Colombia, estas violencias se suman a la ausencia de cifras disponibles que registren las realidades de las mujeres rurales y campesinas, lo cual considera es una forma de discriminación debido a que la falta de datos dificulta la implementación de políticas y la realización de estudios con enfoque en mujeres rurales.
«Lo que hace la elaboración de este informe es entregarle a las mujeres mucho más información y acceso a datos concretos sobre lo que existe y no existe,» sostuvo Fletscher.
La violencia contra las defensoras de derechos humanos
A pesar de los compromisos del Estado pactados en los Acuerdos de Paz, las condiciones de violencia relacionados con el conflicto armado no aminoraron, lo cual genera un riesgo especial para las mujeres. Según Somos Defensores, una lideresa fue asesinada cada 26 días y medio entre enero y septiembre de 2017. En el mismo periodo de 2018, la frecuencia aumentó a cada 23 días.
Además, como lo ha denunciado la Defensoría del Pueblo, los actos de violencia sexual previos al asesinato de defensoras de derechos humanos vienen acompañados por ensañamiento y tortura, agregando que estos crímenes son dirigidos a mujeres para «castigar la participación de las mujeres en el ámbito de lo público…y buscan inhibir el surgimiento de nuevos liderazgos y proceso organizativos visibles de mujeres.»
El informe indica que ni el gobierno nacional ni los gobiernos territoriales implementan medidas adecuadas para proteger las mujeres lideresas. Además, en el caso de mujeres indígenas, el informe afirma que sus denuncias no son tomadas en cuenta por las autoridades tradicionales, quienes consideran que los hechos son asociados con conflictos personales y no por su ejercicio de defensa de derechos humanos.
Sin embargo, Fletscher sostiene que la organización y participación de las mujeres ha logrado importantes avances en términos de garantizar sus derechos humanos pues con su conformación generan nuevas oportunidades para el empoderamiento de las lideresas, lo que se suma a la consolidación de organizaciones de mujeres en escenarios políticos y sociales.
Según la coordinadora, las organizaciones sociales conformadas por mujeres cuentan con mayor representación de ellas que en los mismos organismos del Estado y por tal razón, tienen un rol importante para la formación de políticas públicas a nivel regional y nacional. «Esto sí ha generado una cierta obligatoriedad en el Estado para tener que generar cambio en la política pública.»
