Una historia de promesas incumplidas al Pueblo Embera

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Una historia de promesas incumplidas al Pueblo Embera

Familias Embera Katío y Chamí están desplazadas en Bogotá, debido a presiones y amenazas de grupos armados e intereses de multinacionales extractivas, esto sumado al incumplimiento del Estado.

Texto: Camila Lozano – Juanjosé Gutiérrez

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20 de mayo del 2020

Más de 80 integrantes de los pueblos indígenas Embera Chamí y Katío durmieron en la calle las noches del 14 y 15 de mayo en el parque El Tierrero, cerca de la estación Manitas de Transmicable. Llegaron desplazados desde sus resguardos indígenas en Chocó y Risaralda, presionados por grupos armados e intereses extractivos en sus territorios.

Una vez en Bogotá, han sido llevados de lugar en lugar, sometidos al incumplimiento de las instituciones y a promesas de habitabilidad segura que nunca llegaron; el hambre, el frío y la incertidumbre dan paso a las advertencias: de no llegar a una solución de raíz, serán más las familias que saldrán del territorio, y las que tendrán que pasar la noche en la calle.

El Desplazamiento

Ancisar Cheche Sintuá es integrante del pueblo Embera Chamí, y hasta el año pasado vivió en el Resguardo Indígena Unificado Chamí, ubicado sobre el Río San Juan en el municipio de Mistrató, Risaralda. Era coordinador de justicia indígena en su territorio, y ejerció roles de liderazgo; sin embargo, llegaron tres amenazas vía mensajes de texto en las que le decían que “o me retiraba del trabajo, o me renunciaban”.

En su territorio operan tres grupos armados ilegales: dos cuyas siglas desconoce y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), razón por la que antes que perder la vida, decidió perder el trabajo y huir hacia Pereira. Allí interpuso una acción de demanda para proteger sus derechos, pero en vista de la ausencia de garantías para su bienestar, llegó a Bogotá el 22 de enero de este año esperando encontrar una mejor opción para establecerse.

Otras personas de su comunidad llegaron con él por el miedo a ser reclutados forzosamente. En la ciudad, la Unidad de Víctimas los acreditó como tal, y les dijeron que la Alta Consejería para los Derechos Humanos los atendería hasta que la Unidad hiciera la debida valoración. Entonces, la Alta Consejería pagó dos meses de arriendo y luego quedaron a la deriva: sin poder trabajar por efectos de la pandemia, sin el arriendo y sin el apoyo de la Unidad.

Cuando él llegó a la capital se encontró con una población indígena que llevaba meses acá sin la debida atención: medidas de reparación, acceso a educación y otros derechos. Por eso, habló con Nelsón Sintuá, también líder indígena, para que se organizaran y mejoran las condiciones de vida de su gente.

Fue así como antes que llegara la pandemia se reunieron con la Alta Consejería y otras instituciones para pedir que se garantizara la educación a los niños, niñas y adolescentes de la comunidad, así como les permitieran ingresar al sistema de salud. Acudieron a derechos de petición, pero se presentaron los primeros casos de coronavirus y las instituciones les dijeron que tenían que suspender sus actividades.

Los incumplimientos a los Embera

El martes 7 de abril, en vista de que los arrendatarios no recibían el dinero de sus cánones y tampoco tenían garantizada su alimentación, los embera decidieron organizarse para protestar en el Parque Tercer Milenio. Tras la manifestación, se acordó que les darían mercados y les permitirían tener una vivienda colectiva para que puedan reiniciar sus vidas.

Aunque los mercados llegaron, la vivienda colectiva no; peor aún, algunos arrendatarios comenzaron a amenazarlos con desalojarlos porque seguía la deuda en los arriendos. “Nosotros somos unidos y con uno que saquen a la calle, nosotros lo acompañamos”, asegura Ancisar. Por lo tanto, el 16 de abril nuevamente salieron en protesta al Parque Santander.

Ante la mirada de la estatua del ‘Hombre de las Leyes’, el 18 de abril la Dirección de Asuntos Étnicos del Ministerio de Interior, la Personería, la Alta Consejería para los Derechos Humanos y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) acordaron que se cumpliría con el pago de arriendos, con la vivienda colectiva, y que el 28 de abril se realizaría una nueva reunión para dar pasos en ese sentido.

Ese martes en que se pensaba que se levantaría la cuarentena pero finalmente se extendió, la comunidad llegó a la Casa de Pensamiento Indígena y en palabras de Ancisar: “no hubo nada”. Hablaron de mercados y de un censo, nuevamente el tema del lugar colectivo fue ignorado.

En este punto habían tenido tres reuniones con acuerdos sobre una ubicación conjunta en la que pudieran habitar de ahora en adelante. Varios integrantes de la comunidad no ven posible el retorno con los actores armados ilegales aún en sus territorios y el riesgo del reclutamiento vigente, su única opción es continuar en Bogotá viviendo juntos, intentando que sus modos de vida sean tan parecidos como sea posible al de hace unos años, aún a cientos de kilómetros de sus resguardos.

Por eso, luego de tres compromisos y tres incumplimientos, la comunidad comenzó a cuestionar a sus líderes. Ancisar explica que se reunieron las personas que casi no entendían castellano pero entendían la situación, y decidieron el miércoles 6 de mayo tomarse un edificio en el barrio Candelaria la Nueva.

En esa toma, y el posterior desalojo violento por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), Contagio Radio conoció sobre la situación del pueblo embera. Se hizo viral la foto de un uniformado de la Policía apuntando un arma eléctrica contra indígenas indefensos, que huyendo de la pandemia, del frío y de la calle habitaron un edificio desocupado.

Una infancia lejos del Chocó

Amparo Arce es una de las madres más jóvenes de la comunidad, tiene 19 años y su pequeño hijo poco más que 1 año, ella es tímida razón por la cual es difícil entablar una conversación.

A pesar de contar con poco alimento para ella, su bebé descansa cómodamente la mayor parte del día, y sin importar donde estén, colgando cerca a su pecho, vive ajeno a las necesidades por la que pasa su madre.

Su bebé tiene algunas cicatrices en la parte superior de su rostro: “Policía Nacional maltrató niños, ancianos, mujeres embarazadas, con palos nos sacaban, yo veía como la sangre salía”, cuenta Amparo, mientras corre el gorro de lana que protege la cabeza de su hijo, evidenciando los efectos de las agresiones.

Katios, huyendo de los armados y los intereses extractivistas

Leonival Campo es líder de la Comunidad Embera Katio, provenientes del resguardo Tahamí del Alto Andágueda, ubicado en Bagadó, Chocó. Al igual que Ancisar, él tenía un papel de liderazgo en su comunidad, pero tuvieron la mala fortuna de estar asentados en tierras ricas en oro. Los actores armados llegaron al resguardo con amenazas a líderes, y las mineras ilegales intimidaron a la propia compañera de Leonival en su casa.

A él le dijeron que se tenía que ir, que no podía andar reclamando por su tierra porque eso le iba a significar la muerte. Una sentencia del Tribunal Superior de Antioquia ordenó en 2014 que se restituyeran sus derechos, así como dispuso la salida del territorio de cualquier interés extractivista que no fuese consultado con la comunidad, pero el desacato es evidente.

Huyendo de la muerte llegó a Bogotá para encontrarse con el mismo panorama al que se enfrentó Ancisar y tras vivir junto a él la experiencia en acuerdos (y desalojos) con las instituciones, el 22 de abril interpusieron una demanda en la que solicitaban que se garantizara una vivienda digna, la vida, así como la integridad étnica y cultural de su comunidad.

La tutela salió favorable a los pedidos de la comunidad el pasado 6 de mayo e incluía acciones inmediatas de ejecución en un tiempo no mayor a 48 horas. Entre las órdenes incluían la reubicación grupal de la comunidad y la entrega de mercados o bonos de alimentación. Pero antes que el lapso dado en el fallo se venciera, algunas familias fueron desalojadas por sus arrendatarios.

Al no encontrar soluciones para sus problemas, y con la idea de permanecer juntos para así mejorar su situación, más de 80 personas de los pueblos Embera Katio y Chamí llegaron el jueves 21 de mayo al parque El Tierrero, cerca de la estación Manitas de Transmicable a esperar una solución definitiva a su situación. —

"No queremos sacarlos, pero tampoco podemos tenerlos"

Cerca de 10 personas habitantes de Ciudad Bolívar, recibieron a las familia Embera en su hogares bajo el compromiso de que el Distrito pagaría mes a mes sus arriendos, los cuales giraban entorno a los 500 y 700 mil pesos.

Esperanza Romero propietaria de una de estas viviendas, cuenta que en el mes de febrero la contactaron de Alta Consejería en busca de casas que tuvieran espacios de alquiler, luego de entregar diferentes documentaciones a su casa llegaron siete indígenas entre adultos y niños; pensó que era un dinero con el que podía contar porque era pago por el Estado.

Mientras ella conocía a sus inquilinos, sus costumbres, su pasado y día a día los veía salir a vender artesanías con al esperanza de conseguir algo de dinero, empezaba a crecer su preocupación ante el incumplimiento.

«El primer arriendo me lo pagaron, el segundo tuve que desplazarme hasta Chapinero, y el tercero me dijeron que por mi discapacidad física me lo harían llegar de ahora en adelante». Febrero y marzo fueron los únicos pagos que recibió, y aún espera que llegue a su puerta el dinero de los tres meses vencidos.

En medio de enojo y resignación, cuenta como cada vez que intenta comunicarse con las personas que tomaron su casa como arriendo, tiene que esperar horas al teléfono, y cuando al fin le contestan, la solicitud es redireccionada de persona en persona, hasta terminar en una espiral de funcionarios.

«Nosotros no los hemos sacado, pero nos vemos en la obligación de denunciar lo que pasa, de visibilizar que no pagan y como se hace eso tomando acciones por mas inhumanas que parezcan»

Esperanza cuenta como hace algunos días Alta Consejería le contestó a una de sus vecinas que pasa por la misma situación y le dijo: «Nosotros pagamos los primeros meses, ahora es asunto de otra entidad, así que si los quieren sacar, háganlo; ellos no son niños y pueden trabajar».

«Yo en verdad no tengo corazón para sacarlos, pero ellos mismos se han dado cuenta que me han cortado el teléfono, que le he pedido plata prestada a todo mundo para poder pagar recibos, el pago de este arriendo es ahora el 100% de mi economía».

Esperanza y los demás propietarios que arrendaron sus viviendas, conocen la historia de casi todos los indígenas que recibieron, por eso siguen en contacto con ellos, y abriendo sus puertas para aquellos que tienen frió, hambre o necesitan pasar la noche lejos de la calle.

Sin cultivos no hay vida

A pesar de que la gran parte de la población indígena desplazada está conformada por padres jóvenes y niños que no superan los 9 años, la guía de los mayores para esta comunidad es elemental.

Entre ellos se encuentra Ligia Arías, que junto a dos lideresas de la comunidad está al frente de la alimentación, del cuidado de los más pequeños y de enseñar a las niñas cómo limpiar y vestir a los bebés.

Ligia no habla nada de castellano y en su piel se ve el reflejo del fuerte sol del Chocó que la vio crecer durante más de 70 años; pertenece a la comunidad Embera Katío y como mayora, en silencio observa a los niños correr, jugar y llorar, varios son sus nietos.

Ella, sus 4 hijas y sus 5 nietos hacen parte de las 68 familias que llegaron del Chocó hace algunos meses, y a pesar del frío, el miedo y el hambre, afirma que están mucho mejor acá, “la explotación no ha dejado nada, destruyó los cultivos, destruyó el ambiente, acá tenemos algo de alimento, allá ya no quedaba nada”.

Entre lamentos, Ligia recuerda como sembraba cacao, maíz, borojó y frutas nativas como el caimito, entre otros, y vio como día tras día la violencia y el abuso de la naturaleza fue afectando su fuente de alimento, como se dañaban, secaban y quedaban infértiles sus tierras.

Lo que tenía al nacer ya no está, la tierra ya no es la misma, fue envenenada por la violencia (..) sembramos en luna buena, pero esto ya no es posible, ya no se da, se quema y se pudre todo, no había comida, teníamos hambre, y nadie nos ayudaba.

A pesar de las múltiples dificultades que han pasado con su llegada a Bogotá, Ligia cuenta que ella y su familia tienen un poco más de alimentos, son parte de una comunidad nuevamente donde no se sienten solas.

Ella camina con dificultad, sus ojos están cansados de recordar un territorio que abandonó, hoy solo desea un lugar donde vivir y estar con su familia, un lugar que la mantenga lejos del espacio que por fuerza vio morir.

Seguir construyendo comunidad en Bogotá

Rosmira Campo tiene 36 años, un hijo, y siete hermanos: 3 hombres y 4 mujeres; todos provenientes del resguardo Emberá-Katíos del Alto Andágueda, un territorio compuesto por más de 50 mil hectáreas y más de 50 años de conflicto, en el que su comunidad ha sido asesinada, amenazada y desplazada.

Rosmira observa y participa en la preparación de casi todos los alimentos, mientras cuenta que lleva varios días sin comer bien; con tristeza suspira, pero la reconforta saber que su hijo de 5 años y los demás niños de la comunidad no pasarán hambre mientras ella éste a cargo de la cocina improvisada, compuesta por ladrillos y una olla pequeña que una vecina les regaló.

Cuenta que a ella no le gusta la guerra y que por esta razón decidió abandonar su tierra para llegar a Bogotá en busca de paz para su familia, al mismo tiempo saluda a una de sus hermanas, que tiene 8 meses de gestación, un embarazo oculto entre su vestido y ropaje que la protege del frío, habla poco castellano, por lo tanto es difícil entender su conversación, pero es fácil evidenciar los moretones en sus piernas y brazos, lesiones que según Rosmira han ido sanando luego de la intervención de la Policía.

Aún espera la bienvenida alentadora de la capital colombiana, el lugar donde pretende conformar de nuevo su hogar lejos de un territorio que por años fue el único sitio que conoció, y al que no quiere volver.

Es hora de cumplir acuerdos

El viernes 15 de mayo desde las 11 am llegó al parque una comisión de diferentes funcionarios públicos de entidades como Secretaria de Gobierno, Secretaria de Integración Social, Alta Consejería y UARIV, acompañados de una brigada de salud con la que hicieron valoración a las familias para descartar cualquier indicio de coronavirus. Luego de diferentes diálogos entre Alta Consejería y los líderes Embera para gestionar la reubicación en albergues, decidieron ir a conocerlos para saber si estos lugares cumplían con lo pactado.

Tras visitar los espacios, los líderes determinaron que pasarían una noche más en la cancha, afirmando que como comunidad requerían un lugar donde pudieran vivir todos.

Luego de esta decisión, sobre las 11:30 de la noche el clima del sector empeoró. Fuertes lluvias y vientos dificultaron aún mas las condiciones de los 81 adultos, 42 menores de edad, 21 niños, 2 mujeres embarazadas, 2 lactantes y una mujer de la tercera edad. A pesar de los esfuerzos entre la comunidad y los vecinos para retener el calor de las familias, por medio de plásticos y algunas cobijas, decidieron trasladarse a los albergues.

Las familias tuvieron que dividirse, 39 fueron a un espacio en el Barrio Santa Fé, 51 a Teusaquillo, el resto a las casas de los vecinos del sector de las que aún no habían sido desalojados.

A la fecha, la comunidad sigue fragmentada en los diferentes albergues, con la promesa por parte de las entidades distritales de entregarles un nuevo espacio bajo alquiler por un periodo de 6 meses, decisión tomada sin antes darle solución a los vecinos de Ciudad Bolívar que habían arrendando inicialmente.

La respuesta para los pueblos embera se sigue construyendo sobre una débil estructura de promesas, la esperanza de vivir como comunidad de nuevo se reduce; mientras el augurio a futuros desplazamientos hacia Bogotá es cada vez más cercano

Hoy las comunidades siguen huyendo de sus tierras, con el firme argumento que allí «ya no hay hogar ni seguridad para retornar»; casi 8 años después de la sentencia las comunidades Emberá – Katíos siguen esperando atención médica que no este mediada por un precario centro de salud, garantías de servicios básicos como agua y luz, así como reparación a las víctimas de una cruda guerra por el control de las minas de oro.

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