Fotografía de EFE.
Este 3 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, fecha proclamada oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1993 e inició con el llamado de periodistas africanos que elaboraron la Declaración de Windhoek sobre el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación en 1991.
Este 2021 el lema del Día Mundial de la Libertad de Prensa es «La información como un bien común». Según la UNESCO busca garantizar la viabilidad económica de los medios, la transparencia de las empresas de Internet y el reconocimiento del periodismo, como parte fundamental de la información.
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59 periodistas asesinados en 2020
Según el Observatorio de periodistas asesinados de la UNESCO, en el mundo cerca de 1.452 periodistas han asesinados por ejercer su profesión desde el año 1993. En el 2020 registraron un total de 59 asesinatos, 2 de ellos en Colombia.
Por otra parte, la ONG Reporteros sin Fronteras determinó que de los 180 países donde evalúa la situación de la libertad de prensa, 73 presentan graves impedimentos en el ejercicio periodístico mientras que en otro 59 hay obstáculos. Es decir el 73% de los países contemplados por RSF no tienen libertad de prensa.
Según el Ránking 2021 de países clasificados de mejor a peor situación de la libertad de prensa, Colombia se encuentra dentro de los países de situación difícil mientras que el país africano, Eritrea se posiciona como el país con la mayor gravedad.
México, Venezuela, Nicaragua y Cuba son otros de los países que se encuentran dentro de la clasificación de Situación Difícil o Situación grave de RSF.
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El acoso judicial no es una estrategia nueva de silenciamiento: FLIP
Según el informe de la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) una de las herramientas para censurar el ejercicio periodístico es el acoso judicial. «Entre el 2018 y el 2020, la FLIP registró 140 casos de acoso judicial contra periodistas en Colombia. En el mismo período, ARTÍCULO 19 registró 81 casos».
La FLIP registró los casos de acoso judicial en Colombia desde 2017, «cuando se contaron 14 casos. En el 2018 fueron 38. En el 2019 66 y finalmente, 36 en 2020″.
La FLIP ha denominado como acoso u hostigamiento judicial «el abuso de
mecanismos judiciales para censurar e intimidar a las personas que revelan información de interés público, ya sea por su trabajo periodístico y/o de defensa de DDHH».
«Hay casos que no se hacen públicos, tenemos una imagen clara, pero puede ser peor de lo que se ve… Las decisiones judiciales pueden ser muy importantes cuando se dan en contra de la libertad de expresión».
Juan Pablo Madrid-Malo Bohórquez, coordinador del Centro de Estudios de Libertad de Expresión de la FLIP
Según Juan Pablo Madrid-Malo, no solo es el proceso judicial el que acalla a los periodistas, también lo hace «el desgaste de tiempo, el absurdo gasto económico, las afectaciones de tipo familiar, afectaciones laborales, afectaciones emocionales» que surgen del acoso «por atreverse a contar la verdad a través del periodismo».
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Patrones del acoso judicial
De acuerdo a la investigación de la FLIP «el acoso judicial no es un mecanismo que se use de forma aislada contra periodistas, en más de una ocasión se ve acompañado por duras campañas de desprestigio, persecuciones y amenazas sobre la vida de los periodistas que denuncian hechos de interés público».
Usualmente «quienes más utilizan acciones judiciales con el fin de intimidar o silenciar periodistas son funcionarios públicos o particulares expuestos a la vida pública».
Edison Lucio Torres es uno de los casos descritos en el informe de la FLIP sobre acoso judicial. El periodista fue denunciado en 2007 por Javier Cáceres Leal, entonces senador de la república y quien sería presidente del Senado en 2009.
Cáceres Leal interpuso la denuncia por injuria y calumnia contra Edison, quien denunció la relación entre actores políticos y grupos paramilitares y realizó reportajes en torno a cuestionamientos sobre líderes de cultos religiosos, sus dinámicas internas y su financiación.
En 2011 Edison fue condenado en primera instancia a 14 meses de prisión en «una decisión desproporcionada y contraria a estándares de libertad de expresión». Un año después, tras la detención del senador por los mismos hechos denunciados por el periodista, éste es absuelto en segunda instancia.
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