Policía Nacional. Corte Constitucional de Colombia. Fotografía Elpais.cr.
El pasado 15 de julio fue radicada ante la Corte Constitucional la demanda de inconstitucionalidad contra la denominada “ley de seguridad ciudadana”, aprobada recientemente por el Congreso de la República con el nombre de ley 2197 de 2022.
Varias organizaciones jurídicas, de defensa de derechos humanos, y congresistas como Iván Cepeda y Wilson Arias Castillo, interpusieron la demanda contra trece artículos de la promulgada ley, fundamentando la acción en la inseguridad social que la misma impulsa. Los problemas de violencia policial, como los acontecidos en el marco del Paro Nacional, en donde se produjeron al menos 1.636 denuncias por abusos de poder y violencia policial, en vez de ser solucionados vienen exacerbados.
La Ley de «seguridad ciudadana» del gobierno nacional va en contravía de los derechos de la ciudadanía; en lugar de ofrecer soluciones francas para los problemas de inseguridad que puedan provenir de actos delincuenciales, retoma la vieja fórmula del punitivismo, agregando un nuevo riesgo para la seguridad de la gente: el de un Estado autoritario y que legalmente puede actuar en contra de derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la protesta social, la libertad de expresión o el debido proceso.
Comunicado de prensa: Demanda de ley de seguridad
Como afirmado en la demanda de inconstitucionalidad, los trece artículos cuestionados no solo van en contra de principios constitucionales sino también desconocen las recomendaciones internacionales procedentes de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH.
La objeción abarca, entre otros temas, el empleo de la fuerza letal, planteado por el artículo 3, el aumento de la pena a 60 años (artículo 5), la introducción de nuevos delitos (art. 13 y 20) << que criminalizan la protesta y obstaculizan la defensa de los Derechos Humanos >> y finalmente la preocupante promoción del paramilitarismo.
Por estas razones la ley 2197 de 2022 << desconoce la obligación constitucional de no promover, ni favorecer la proliferación de grupos armados civiles ilegales de todo tipo, así como de sus prácticas, establecidas como una garantía de no repetición de las graves vulneraciones a derechos humanos de toda índole que se generaron a lo largo del conflicto armado >>.
El mismo martes 15 de febrero se llevó a cabo la rueda de prensa de presentación de la demanda que luego fue radicada el mismo día. En el evento varios abogados, congresistas y defensores de derechos humanos explicaron los problemas radicados en los artículos de la lay y los riesgos que pueden generar en el futuro.
Sobre el tema Contagio Radio produjo la siguiente nota: Organizaciones de DDHH y congresistas interponen acción de inconstitucionalidad contra ley de seguridad
Las asociaciones defensoras de derechos humanos y los congresistas que participaron en la elaboración de la demanda son: Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Corporación Jurídica Libertad, Comité de Solidaridad con Presos Políticos, Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica, la Red de Derechos Humanos del Sur Occidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”, el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC, la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibío ATCC, las organizaciones de la Mesa Territorial de Garantías-Cauca; los congresistas Iván Cepeda Castro, Wilson Arias Castillo, Jorge Torres Victoria y el abogado defensor de derechos humanos Alirio Uribe.
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